- Trabajadores del Poder Judicial en Monterrey denuncian jornadas extendidas, incomunicación y violaciones a sus derechos; caos simultáneo en el Registro Público estatal.
Monterrey, Nuevo León,.– Cerca de 50 empleados del área de Oficialía de Partes del edificio Benavides, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, denuncian ser víctimas de hostigamiento laboral y tratos inhumanos por parte de sus superiores, quienes les imponen jornadas extendidas, incomunicación y negación de tiempos de comida, en violación directa a sus derechos humanos y laborales.
Los trabajadores, encargados de recibir y procesar la correspondencia de los juzgados Civiles, Concurrentes y Mercantiles, señalan que desde principios de este año han sido sometidos a condiciones que consideran coercitivas: ingreso obligatorio a las 8:30 horas, confiscación inmediata de sus teléfonos celulares y extensiones arbitrarias de jornada hasta las 18:00, 19:00 o incluso 24:00 horas, dependiendo del ánimo de sus superiores.
Las denuncias apuntan directamente a Ana Ivette Rivero Esparza, encargada del área, y a Celestina Denisse Puente Leces, responsable estatal de las oficialías de partes, ambas bajo la supervisión del presidente del Tribunal, Arturo Salinas Garza. Según testimonios, existe un clima de temor entre el personal, que evita alzar la voz por miedo a perder las pocas prestaciones que aún conservan, como servicios médicos o becas escolares para sus hijos.
Además, trabajadores acusan un intento de reestructuración disfrazado de presión laboral: el endurecimiento de condiciones tendría como fin provocar renuncias para abrir plazas a personas cercanas a la administración actual. Lamentan que incluso jueces, testigos de esta situación, guarden silencio para evitar represalias.
Caos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
A la par de las denuncias laborales, persiste el desorden en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León, donde, bajo el pretexto de una supuesta modernización del sistema, se encuentran detenidos múltiples trámites legales, incluidos avisos preventivos e inscripciones registrales.
Actualmente, sólo se expiden datos de registro, copias simples y certificadas, y certificados de gravamen, mientras cientos de procedimientos legales están paralizados, afectando operaciones mercantiles de empresas y particulares.
Aunque las autoridades aseguran que el sistema “pronto quedará listo”, fuentes internas aseguran que el sistema pudo haber sido víctima de un hackeo, lo que habría motivado el despido del jefe de informática. La falta de claridad oficial alimenta el desconcierto entre los usuarios, jueces, y notarios que requieren de los servicios para continuar con sus actividades.