- Empleados denuncian falta de pagos, despidos injustificados y omisión de prestaciones sociales en hospitales del ISSSTE
Ciudad de México.- Trabajadores de la empresa Ocram Seyer, contratista de servicios de limpieza en instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), preparan una demanda colectiva por presuntas violaciones laborales que incluyen falta de pago, omisión de prestaciones sociales y despidos injustificados.
Las irregularidades han sido reportadas en diversos hospitales del país, incluyendo el Hospital 20 de Noviembre y el Hospital 2 de Octubre, donde empleados aseguran no recibir su salario completo, además de carecer de equipo básico de protección para desempeñar sus funciones en áreas críticas como quirófanos.
“Apenas nos dan una bata para no ensuciar nuestra ropa, pero no hay guantes, cubrebocas ni calzado adecuado. Lo que menos les importa son los trabajadores”, denunció Javier, asignado al Hospital 2 de Octubre.
Por su parte, Martha, quien labora en el Hospital 20 de Noviembre, indicó que además de las condiciones precarias, los pagos son irregulares. “Cumplimos con nuestro trabajo y no nos pagan. Ni hablar del Seguro Social. Abusan porque saben que necesitamos el empleo para mantener a nuestras familias”, afirmó.
Los trabajadores también denunciaron que personas adultas mayores contratadas por la empresa fueron despedidas tras solicitar su afiliación al IMSS, bajo el argumento de que al ser dadas de alta perderían su pensión.
Las denuncias contra Ocram Seyer no son nuevas. Desde marzo de 2025, empleados en otras entidades como Quintana Roo y Veracruz han reportado condiciones similares. En el Hospital Rural IMSS-Bienestar “María del Socorro Quiroga Aguilar”, más de 30 trabajadores fueron despedidos injustificadamente, también sin pago ni prestaciones.
A pesar de que el ISSSTE ha emitido tarjetas informativas sobre estos casos, trabajadores acusan a la institución, encabezada por Martí Batres, de omitir acciones concretas para sancionar las malas prácticas de la empresa subcontratada.
Los empleados confían en que su demanda colectiva avance y que las autoridades laborales y sanitarias intervengan para garantizar sus derechos y condiciones dignas de trabajo.